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Fue en ese año de 1606 cuando Felipe III acordó crear de nuevo la Audiencia de Chile, institución que había sido solicitada años antes por Ribera, constituyéndose por fin en 1609. Así se instauraba una administración que tuviera en cuenta la importancia estratégica adquirida por la provincia y la necesidad de fiscalizar el crecido contingente militar para su defensa. La Corte encontraba además una vía directa de información sobre los acontecimientos chilenos. El virrey del Perú y la Audiencia de Lima respaldaban esta solución. García Ramón fue designado presidente sin dejar el cargo de gobernador, pero fracasó en la pretensión de incluir las provincias de Tucumán y Buenos Aires en su jurisdicción. Esta vez la sede de la Audiencia fue fijada en Santiago, cuya capitalidad sería en adelante in-discutida. Santiago se erigía como una ciudad próspera, alejada de la guerra pero proveedora de sustento, pertrechos, soldados y dinero a la misma, al tiempo que se convertía en lugar de descanso de los oficiales que combatían en la región araucana.

García Ramón consiguió también de la Corona una medida insólita orientada a escarmentar y quebrar la resistencia mapuche y a recompensar a los soldados que sirvieran en sus filas. Consistía en establecer la esclavitud para los indígenas apresados durante la contienda.

La esclavitud venía siendo reclamada por los colonos desde el inicio de la rebelión y fue presentada como una forma de proveer de mano de obra a las estancias y chacras de los valles centrales ante el auge que iban teniendo y el descenso de población indígena encomendada. Ello explica —y no sólo como medida militar— que estuviera vigente hasta 1683, cuando hacía tiempo que había remitido la contienda araucana.

Con la anterior cédula, promulgada en Chile en 1610, se establecía el botín personal, la recompensa inmediata que cualquier soldado podía tomar en el campo de batalla o en los poblados, sabiendo que no faltaría comprador para su presa. La libertad de captura se convirtió también en un estímulo ofrecido a los indígenas aliados para que combatieran al lado de las tropas españolas.

Pero ni el recrudecimiento de la guerra abierta ni la esclavitud hicieron avanzar las posiciones españolas. En 1610 fallecía el gobernador.

García Ramón fue reemplazado interinamente por Luis Merlo de la Fuente, alcalde de corte de Lima. Éste practicó acciones de castigo, aunque una de sus mayores preocupaciones consistió en restablecer la moral y la disciplina en el ejército, minadas por la ausencia de resultados satisfactorios y el trato dispensado a la tropa, víctima de los abusos de sus jefes, de los encomenderos e incluso de los clérigos.

El curso de la guerra adoptó un nuevo sesgo en 1612 al ser restablecido Alonso de Ribera al frente de la Audiencia y la Gobernación de Chile. Los araucanos estaban de nuevo sublevados, tenían aislado el fuerte de Arauco y amenazaban con ataques a Concepción.