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Desde las primeras fundaciones de Valdivia, las ciudades chilenas contaron con cabildos, la institución básica de toda población. El cabildo era el concejo municipal. Estaba formado por cierto número de regidores (consejeros) y eran presididos por un alcalde corregidor de nombramiento real, que además tenía a su cargo la responsabilidad de la justicia civil y criminal en primera, instancia; existía además un segundo alcalde ordinario en cuyo nombramiento intervenía parte de la población avecindada a través del denominado «cabildo abierto». Los cargos de regidor llegaron a ser vitalicios después de haber sido enajenados al mejor postor. En el caso chileno, la presencia de una creciente burocracia y una estructura militar permanente hizo que la anterior circunstancia quedara matizada por la presencia de representantes de estos estamentos. La relevancia de los cabildos vino a corresponderse con la tradición municipalista existente en la Corona de Castilla, promotora de la Conquista y colonización.

El distanciamiento entre la capital del virreinato, Lima, y la Audiencia de Chile comenzó a producirse mediado el siglo XVII. Perú se había convertido en el principal destino de las producciones chilenas y en la fuente más destacada de ingresos, tanto gracias al comercio como por las remesas enviadas para sostener al ejército de Arauco. Pero las operaciones de intermediación practicadas menguaban en forma considerable los envíos y despertaban la animadversión de los funcionarios locales. La relevancia de la frontera araucana y la situación de inestabilidad militar favoreció la concesión a Chile de un grado de autonomía mayor del que en la administración virreinal era frecuente. Así, en la Recopilación de Indias de 1680 se recogió que el virrey del Perú debía abstenerse de intervenir en el gobierno de Chile excepto en casos extraordinarios.