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Las circunstancias bélicas hicieron también que el cargo de gobernador recayera por lo común en el siglo XVII en un militar, haciéndose prevalecer la condición-función de capitán general sobre la de gobernador y presidente de la Real Audiencia, coincidentes en la misma figura.

La provisión de altos cargos en la administración colonial estuvo condicionada por el interés que grandes familias y cortesanos mostraron para que recayeran en alguno de sus allegados o servidores. El Consejo de Indias, responsable de proponer los nombramientos, rara vez tuvo en cuenta —al menos en los primeros tiempos— la capacidad real de los designados, ni su conocimiento de la realidad americana, ni tampoco aprovechó después la experiencia adquirida para integrarlos en la administración metropolitana. Ahora bien, en 1619 se prohibió que virreyes y gobernadores otorgaran cargos a sus familiares, extendiendo la prohibición hasta el cuarto grado. Se pretendía así evitar los pródigos nombramientos que, acompañados de rentas y beneficios, se hacían recaer en los deudos.

A lo largo del siglo XVII los españoles nacidos en Chile o en otros lugares del continente americano, los «criollos», comenzaron a ocupar cargos destacados de la administración civil, militar y religiosa. Al término de su mandato, los funcionarios estaban sujetos al juicio de residencia, una fiscalización del cargo ante la Corona.