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FOTO: La isla Mocha está situada frente a las costas chilenas, a la altura de Concepción.

Las Leyes Nuevas habían ratificado asimismo la prohibición de la esclavitud de indígenas y las encomiendas de funcionarios reales y eclesiásticos. Reconocían también a los indígenas como vasallos del reino y personas libres, aunque los calificaban de rústicos dignos de protección, por lo que en contrapartida se legitimaban las exacciones que eran impuestas por los colonizadores. Para compensar a los conquistadores se preveía concederles corregimientos, empleos de designación real desde los que se administraba un territorio limitado. Y para suplir el trabajo forzado indígena, al margen de la mita, se importaron esclavos negros, que a comienzos del siglo XVII venían a representar un número similar al de españoles, cuando no superior. La guerra de Arauco hizo que se reconsiderase el tema de la esclavitud, de modo que la Corona la readmitió para Chile, concediendo que los mapuches apresados en la contienda fueran reducidos a esclavos con carácter perpetuo. Estos araucanos cautivos fueron destinados a las minas o las chacras.

En el marco de la guerra defensiva, el virrey del Perú, príncipe de Esquilache, dictó unas ordenanzas destinadas a reglamentar el trabajo indígena en Chile, que fueron promulgadas en Concepción en febrero de 1621. La ordenanza suprimía el servicio obligatorio impuesto hasta entonces a los indígenas, haciendo excepción de aquellos mayores de 18 años que fueran tomados en hechos de armas; se establecía una tasa compensatoria a la población mayor de aquella edad y menor de cincuenta años, fijada en una cantidad variable según la riqueza de cada zona. De la tasa se deduciría una fracción para la Iglesia, otra para el corregidor del partido y una tercera para el protector, dejando el resto en manos del encomendero. El trabajo debía remunerarse en parte en dinero para que el indígena pudiera pagar el tributo, completándose el salario con animales o mercancías. No obstante lo anterior, subsistía la mita, regulada de modo que cada tres años se trabajasen nueve meses de 23 días.

La nueva regulación resultó impracticable dado que los encomenderos se negaron a acatarla y amenazaron con rehusar atender el servicio de armas al que estaban sujetos. Así las cosas, el gobernador interino, Cristóbal de la Cerda, abandonó todo celo en la exigencia de su cumplimiento, y su sucesor, Pedro Osores de Ulloa, acordó suspenderla en diciembre de 1622 en espera de que la Corte dictara providencia. De hecho, en julio anterior Felipe IV había aprobado la tasa reduciendo su cuantía y admitiendo la esclavitud de los mayores de catorce años que rebasaran la frontera. Pero no fue sino hasta 1625 cuando se publicó en Chile la ordenanza de Esquilache en medio de grandes protestas. El gobernador Fernández de Córdoba, tras obtener la conformidad del obispo de Santiago y de los superiores de las órdenes religiosas, decidió suspender la tasa definitivamente para evitar mayores problemas. Por medio de la encomienda, los conquistadores consiguieron privilegios, reconocimiento y rentas, que hicieron de este grupo una élite señalada.