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Este programa condujo, de un modo gradual, a la adquisición estatal del 51 por ciento de la gran minería del cobre. A través de una inversión del orden de los 650 millones de dólares, se pretendía, por una parte, que el Estado chileno aumentase la producción y refinase el metal en su territorio, y por otra, se buscaba incorporar a Chile en la comercialización del cobre en el extranjero y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del sector. La izquierda, sin embargo, se opuso en las discusiones parlamentarias, por considerarla una medida insuficiente ante las graves necesidades del país.

El proceso se realizó en dos fases: la primera, ´chilenización´ del cobre, a partir de 1965, consistió en tres acuerdos que condujeron a la adquisición del 30 por ciento de las acciones de Minera Andina (el 70 % restante se lo adjudicó la Cerro Corp.); a la compra del 25 por ciento de las acciones de la mina Exótica, propiedad de la Anaconda Company; y a la suscripción de un acuerdo con la Braden Copper conducente a la adquisición del 51 por ciento de las acciones de la mina El Teniente, que había sido traspasada la empresa Kennecott Co. La segunda fase o ´nacionalización pactada del cobre´, llevada a cabo a partir de 1969, contemplaba la compra del 51 por ciento de las acciones de la Anaconda Company (minas de Chuquicamata, El Salvador y Potrerillos), y la adquisición pactada del restante 49 por ciento en 1972, ya en el siguiente período presidencial. La Corporación del Cobre (Codelco) pasó a responsabilizarse por las ventas y producción del mineral y, gracias a una política de liberación de impuestos para la importación de maquinarias, la pequeña, mediana y gran industria del cobre modernizaron sus instalaciones y yacimientos.