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Si bien el gobierno de Alessandri había promulgado la ley de Reforma Agraria, ésta se había llevado a cabo con suma timidez. En este campo, el plan de Frei requería de una reforma de la Constitución que primero definiese claramente la función social de la propiedad, y segundo, permitiese al Estado el pago diferido de las expropiaciones. La consulta al Senado se realizó en 1965, pero éste sólo aprobó las reformas, gracias al apoyo de la izquierda, en julio de 1967. A partir de este momento se aceleró el proceso, expropiándose 1 319 fundos con una superficie aproximada de 300 000 hectáreas de riego y 3,1 millones de hectáreas de secano, lo que permitió la creación de 910 ´asentamientos campesinos´ para 29 139 familias. Este proceso fue criticado por la izquierda, que consideraba que el problema del latifundio aún no se había resuelto y que, por lo tanto, la política gubernamental de reforma agraria era insuficiente. Por su parte, la derecha centró sus críticas en la excesiva burocracia y la tardanza registrada en el pago diferido de las expropiaciones.