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Entre 1965 y 1970, el Estado chileno había obtenido créditos extranjeros por un monto de 580 millones de dólares, destinados a la modernización de las empresas y de las minas; figuraba como aval de la deuda total y había sido el único deudor que había realizado desembolsos, mientras tanto las empresas habían contabilizado ingresos por un total de 602 millones de dólares y habían acumulado una deuda de 632 millones.

El programa de chilenización del cobre había pagado por las acciones adquiridas un precio muy superior al fijado en los libros de las propias empresas. Así, la Braden Company, dueña de El Teniente, cobró como la Kennecott Co. un total de 81 millones de dólares, mientras que el valor en libros era de 72 millones. Además, El Teniente, bajo la administración de la Kennecott, había obtenido créditos del Eximbank por un total de 100 millones de dólares para ampliaciones del mineral, con una cláusula que obligaba al Estado chileno a cancelar el total de la deuda en el caso de que no se cumpliera el contrato de administración.

El gobierno de Allende consideraba que el primer paso en el camino hacia la independencia económica con el exterior debía ser la nacionalización del cobre, ya que éste constituiría el ´sueldo de Chile´. El proceso se realizó median te reforma constitucional aprobada unánimemente por el Congreso Nacional con la ley del 16 de julio de 1971, que fijaba la expropiación de los derechos de las empresas Anaconda Company y Kennecott Copper Corporation, así como las minas de Chuquicamata, El Salvador y El Teniente.

El procedimiento y el pago de indemnizaciones a las empresas generaron conflictos en las relaciones con Estados Unidos, puesto que contravenía el convenio establecido en el mandato de Frei, según el cual el Estado chileno adquiriría progresivamente el porcentaje restante de las acciones de la gran minería del cobre y mientras tanto, y por un período de once años, ésta debería permanecer bajo la administración de las empresas norteamericanas.