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El primer año del gobierno Allende arrojó resultados positivos: el producto bruto había aumentado en un 8,6 por ciento; la inflación se había reducido de un 34,9 por ciento en 1970 a un 22,1 por ciento; la reforma agraria había expropiado alrededor de 10 millones de hectáreas, equivalentes a casi la mitad de toda la tierra agrícola del país, conservando los propietarios, las 80 000 hectáreas de riego contempladas en los gobiernos de Alessandri y Frei. Es de destacar el hecho de que el 70 por ciento de las expropiaciones agrarias se realizaron durante el gobierno de Allende (1970-1973), en tanto que el 30 por ciento restante se realizaron en el mandato de Frei.

Pero en 1972 la crisis se hizo sentir a través de la restricción del crédito extranjero, proveniente especialm0ente de Estados Unidos, con lo que el gobierno se vio obligado a obtener créditos del bloque socialista. El país se enfrentaba a un déficit fiscal de un 41,5 por ciento; el programa de estatización se había reducido de 252 industrias del área social a sólo 91; la producción industrial había bajado a un 7 por ciento y los sueldos y salarios se habían reducido como medida para contener la inflación, que a mediados de 1972 llegaba a un 163,4 por ciento. En 1973 la situación se tornó intolerable; en el mes de julio la inflación había llegado a 323 por ciento. Si bien el Estado manejaba la banca, los créditos no estaban siendo utilizados en la producción sino en el consumo, lo que hizo que la producción industrial se redujera a un 3 por ciento. A pesar de controlar el 85 por ciento de las exportaciones, el sesenta por ciento de la importación y el 30 por ciento de la distribución industrial, el Estado no lograba poner coto a la especulación, lo que dio lugar al crecimiento del ´mercado negro´ que, en la práctica, condujo al desabastecimiento, incluso de artículos de primera necesidad. Este estado de cosas generó un creciente descontento popular que se expresaba en manifestaciones callejeras opositoras al gobierno e, incluso, al enfrentamiento, también en las calles, de sectores sociales que ya eran definitivamente irreconciliables.

En el plano político-social, uno de los primeros sucesos que debió enfrentar el gobierno del presidente Allende fue el asesinato del comandante en jefe del Ejército, general Rene Schneider, que se produjo el 22 de octubre de 1970. Tras este violento suceso, el general Carlos Prats González se hizo cargo de la jefatura de las Fuerzas Armadas. El 8 de julio de 1971, un segundo asesinato, en esta ocasión del ex vicepresidente de la República y ministro del Interior del presidente Freí, Edmundo Pérez Sucovich, marcó el inicio de la oleada de violencia en la que se vio sumergido el país, con el consiguiente debilitamiento de las frágiles relaciones entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular.

En marzo de 1973, la Unidad Popular obtuvo el 43,49 por ciento de las votaciones en las elecciones parlamentarias, con lo que se esperaba agilizar el desarrollo de los programas de gobierno, especialmente en lo concerniente a las estatizaciones, puesto que se enfrentaba a una creciente presión de los sindicatos. Por otra parte, la oposición sumada contaba con el 56,51 por ciento de los sufragios restantes. La Unidad Popular había gobernado con una minoría en el Senado, lo que condujo al presidente a operar con vetos al Congreso y mediante decretos con fuerza de ley, puesto que éste había impugnado sistemáticamente sus ministros hasta el punto de hacer casi fiaquear el gabinete presidencial en abril de 1972.

Los disturbios, huelgas y movilizaciones generalizadas de octubre de 1972, que incluyeron a profesionales, estudiantes y obreros de casi todos los sectores de la actividad del país, llevaron al gobierno a formar, el 2 de noviembre, un gabinete cívico-militar presidido por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Carlos Prats, quien asumió la cartera del Interior. Las primeras medidas del nuevo gabinete estuvieron centradas en la restitución del orden público y en lograr el abandono de la huelga en un plazo no superior a las 48 horas, para iniciar de inmediato conversaciones conducentes a la resolución de los conflictos. Por su parte, el Ministerio de Hacienda, ante el desabastecimiento de artículos de toda especie y la aparición de un creciente mercado negro que se afirmaba en el acaparamiento de los mismos, propició la creación de las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP), organizaciones vecinales destinadas a cooperar con la Dirección de Industria y Comercio (Dirinco), la que, a su vez, fiscalizaba la acción del comercio. Las JAP fueron duramente criticadas no sólo por la oposición, sino también por sectores de gobierno, acusadas de acciones ilegales tales como participar del mercado negro y de arrogarse funciones que por ley sólo correspondían a Dirinco.