Desde el inicio del avance español en los territorios indígenas de Chile, se mencionó la existencia de diversas formas de asiento de los aborígenes, los que fueron denominados por los conquistadores de manera genérica como pueblos de indios.

La reducción de los indígenas en asentamientos estructurados bajo el ordenamiento hispano, estuvo vinculado desde sus inicios a la entrega de mercedes de tierra y a la institución de la encomienda; principales causas del traslado de los indígenas desde sus pueblos hacia diversos lugares donde el encomendero necesitó mano de obra para realizar sus actividades económicas. De esta manera, los indígenas terminaron habitando en estancias, haciendas, obrajes y otros lugares de trabajo hispano, donde muchas veces se establecieron pueblos de indios.

En 1580 se promulgó la Tasa de Gamboa, que normó la reducción de la población indígena encomendada y tributaria a pueblos de indios, siguiendo el modelo establecido por el virrey Francisco de Toledo. El objetivo de estas medidas dictadas por la autoridad colonial, fue regular el sistema de tributo de esta población, así como también lograr la integración de ellos a la vida social, política, económica y religiosa del sistema colonial. Como consecuencia de lo anterior, se fundaron una serie de pueblos de indios siguiendo las ordenanzas hispanas, que señalaron los lugares de asentamiento, la cantidad de tierra y acceso al agua que se les debía entregar a los indígenas, las cantidades de tierra correspondientes a la comunidad, a los indios tributarios, viudas, huérfanos, ancianos y caciques.

En estas tierras los indígenas debían cultivar sus chacras y criar ganado para consumo propio y de la comunidad.

Como complemento de esta medida, en 1602, el gobernador Alonso de Ribera intentó determinar los límites de las tierras pertenecientes a los indígenas.

Y ordenó realizar una visita y mensura general de las tierras de españoles e indígenas, encomendando esta tarea a Ginés de Lillo.

Sin embargo, este sistema que intentó mantener a los indígenas separados de los españoles, en la práctica, no prosperó debido a las formas de trabajo y al tributo impuesto a los indígenas basado en el servicio personal.

Frente a esta situación, desde fines del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII, las autoridades tomaron una serie de medidas destinadas a mantener la existencia de los pueblos de indios. En el siglo XVIII, la Corona, como parte de las políticas reformistas impulsadas por Carlos III, intentó nuevamente implementar una política de reducción de la población indígena a pueblos de indios y en 1703 se ordenó nuevamente la agrupación de los indígenas en pueblos. Esta nueva disposición tampoco obtuvo resultados ya que se utilizaron principalmente las tierras de los pueblos de indios para llevar a cabo la fundación de ciudades y villas españolas, y para extender las propiedades colindantes pertenecientes a los hacendados y estancieros.

En 1791 se abolió definitivamente el sistema de encomiendas y se intentó reagrupar a los indígenas en diversos pueblos; la medida fracasó porque los aborígenes siguieron habitando en las haciendas y estancias donde trabajaron como indios libres.

Finalmente en 1821, se dictó un decreto supremo en el cual se declaró la propiedad individual de los indígenas sobre sus tierras ubicadas en los pueblos de indios, lo que permitió, en un corto plazo, enajenación a particulares.