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Inicio Historia de Chile / Segundo periodo: La creación de una nación (1810-1883) / El Triunfo Del Liberalismo 1861-1891

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El pensamiento liberal: Ideología e ideario:

El liberalismo, concebido como un sistema coherente de ideas y métodos, fue desarrollado en Inglaterra, en los siglos XVII y XVIII, propagándose luego al resto de Europa, EE.UU., Latinoamérica, y Chile en particular. Su importancia radica en que es la ideología matriz de la organización política democrática y, en la economía, es base para la escuela liberal (economía de mercado), cuestiones que son las más comunes y socialmente aceptados en el mundo moderno. Pero es necesario recordar, para entender la sustancia histórica del período que analizamos, que si bien el liberalismo representa hoy, especialmente con la caída de los socialismos reales, el pensamiento predominante, cuando surgió tenía un acento marcadamente revolucionario y dio origen o sustento intelectual a numerosas revoluciones y movimientos de liberación, entre los cuales se cuenta la Revolución de Independencia de los Estados Unidos (1776), la Revolución Francesa (1789) y los movimientos de emancipación hispanoamericana. Las definiciones más abstractas convienen más o menos en que “es la creencia en un conjunto de métodos y prácticas que tiene como objetivo común lograr una libertad mayor para los individuos”. En otras palabras, es la idea de que la obtención de la plena libertad de los individuos es la máxima aspiración a que debe propender todo cuerpo social y que debe ser el objetivo fundante y preeminente de toda forma de organización social.

Descansa en tres premisas fundamentales:

• Una valoración positiva de la libertad de la personalidad individual.
• Una creencia de que el disfrute de la plena libertad del individuo es no sólo bueno para éste, sino también para la sociedad de que es parte; y
• La convicción de que el elemento principal del programa político del movimiento, dado el contexto histórico en el que surge, debe ser ante todo la lucha contra aquellas instituciones, costumbres, valores o creencias que de algún modo limitan el ejercicio y disfrute de esa libertad.

La fusión Liberal – Conservadora:

Los presidentes, desde comienzos de la década de 1860, ya no pueden gobernar solos o con el apoyo de una sola fuerza. Hay un sistema multipartidista, y la única forma de dar estabilidad a un Gobierno es mediante la formación de pactos entre los partidos (más aún cuando prontamente se incorpora el Partido Radical).

La fusión Liberal-Conservadora, que se forma en 1858 y que constituirá, fundamentalmente a partir de 1862, la base de sustentación del gobierno del presidente José Joaquín Pérez, se formó exclusivamente por razones de corto plazo. Liberales y conservadores eran encarnizados adversarios, pero superaron transitoriamente su encono por el objetivo de derribar a Montt y luego terminar con su herencia política. Las elecciones parlamentarias de marzo de 1861 habían dado mayoría significativa al Partido Nacional o Monttvarista. De modo que cuando Antonio Varas rehusó definitivamente ser nominado candidato a la elección presidencial, con el fin patriótico de evitar una nueva guerra civil, se insistió en que el candidato fuera un moderado. No obstante la derrota que la oposición había propinado a Montt y los suyos, la herencia dejada por el régimen pasado era extraordinariamente fuerte. Mientras el adversario común mantuvo sus fuerzas, la voluntad de permanecer juntos fue lo suficientemente consistente como para pasar por alto las desavenencias, que no eran pocas. Pero, en la elección parlamentaria de 1864, el predominio Nacional se redujo en forma considerable. Comenzó luego una campaña para debilitar la fuerza del Monttvarismo en el poder judicial, cuyo punto más alto va a ser la acusación constitucional dirigida al presidente de la Corte Suprema, don Manuel Montt, en el año 1868. Aunque esta acusación no prosperó por falta de fundamentos, sí se consiguió debilitar la fuerza de los nacionales en esa instancia.

La Alianza Liberal:

El quiebre va a producirse cuando el nuevo Presidente, Federico Errázuriz Zañartu, confiado en la mayoría parlamentaria de los liberales en el Congreso, decida dar un viraje “hacia la izquierda” debido a su afán de realizar grandes obras. Sabía que las transformaciones verdaderamente importantes sólo eran parcialmente realizables con sus aliados, tan renuentes a cualquier cosa que pudiera significar un cambio. Había, pues, que buscar nuevos socios.

En los momentos en que se operaban estos cambios, se produjo una serie de conflictos de carácter religioso que condujeron finalmente al quiebre. A los conservadores les resultaba inaceptable que el Gobierno en el que participaban, tomara partido contra la Iglesia. Abandonaron en consecuencia, el gobierno, tal cual hicieran quince años atrás por una razón similar; y se produjo el fin de la fusión (1873). Errázuriz intentó primero hacer un gobierno con apoyo exclusivo de los liberales. Pero, hacia 1874, las filas liberales experimentaron un retroceso electoral significativo, y el Presidente, persuadido de que ya no podía seguir gobernando con los suyos solamente, decidió formar una nueva coalición con los sectores más radicalizados del mundo político. Celebró una serie de reuniones con Manuel Antonio Matta, líder del reciente constituido partido Radical, y finalmente, convino con éste en formar una nueva coalición de gobierno a la que se denominó: “Alianza Liberal” (abril 1875). Los cambios ocurridos a principios de la década de 1870, determinaron que los conservadores quedaran el margen del poder, por primera vez en medio siglo. Durante décadas figuraran sólo como opositores. Como tales, apoyaron todas las reformas que propendieran a debilitar el poder del ejecutivo. Promovieron la autonomía municipal; el voto acumulativo; defendieron a las minorías frente a las mayorías o al Estado; lucharon a favor de las garantías individuales y de las incompatibilidades parlamentarias.

En la década de 1880 comenzaron a palparse los efectos derivados de las reformas aplicadas en la década anterior; el poder del Ejecutivo quedó reducido a su mínima expresión. Algunos de los liberales que participaron en las tareas de gobierno y que consideraron que se había ido muy lejos en este aspecto, comenzaron a modificar su posición inicial. Se aprecia una voluntad clara, por parte de los liberales que ascienden al poder, de robustecer la Primera magistratura, y detener un proceso que ellos mismos habían ayudado a crear. Federico Errázuriz, Domingo Santa María y José Manuel Balmaceda, habían sido enemigos del ejercicio autoritario del poder y, en consecuencia, habían luchado por transferir parte de ese poder al Parlamento. Pero, cuando estos liberales llegaron a la cúspide, no exhibieron una voluntad menos autoritaria que sus antecesores conservadores. Fueron autoritarios e interventores (especialmente Santa María y Balmaceda). Deseosos de desarrollar un gobierno activo y realizador, ejercieron en plenitud todas sus prerrogativas y procuraron ampliarlas, más allá, en algunos casos, de los límites establecidos por la legalidad vigente.

Reformas Constitucionales y prácticas parlamentarias.

El período comprendido entre 1861 y 1891 corresponde, en términos políticos, a una fase de transición entre dos sistemas de gobierno: Presidencialismo y Parlamentarismo. La característica principal, que confiere a estos años su sello distintivo, es el gradual desplazamiento hacia el parlamentarismo, producto de la realización de sucesivas reformas a la Constitución de 1833, que debilitaron la autoridad presidencial y, principalmente, del desarrollo y legitimación de una serie de prácticas extralegales, las llamadas “prácticas parlamentarias”.

Las principales reformas a la Constitución acometidas en el período liberal son las siguientes:

• Reformas durante la administración Pérez (1861-1871): Prohibición de la reelección inmediata del Presidente (agosto de 1871).
• Reformas durante la administración Errázuriz Zañartu (1871-1876).
• Quórum Legislativo: La reforma permitió reducir el quórum a un tercio, en el caso del Senador y a una cuarta parte en el caso de la Cámara de Diputados para poder sesionar.
• Naturalización y ciudadanía: La reforma redujo el plazo para obtener la nacionalidad de los extranjeros.
• Libertad de reunión, asociación y enseñanza: La constitución del 33 no hacía un reconocimiento expreso de estos derechos. Mediante la reforma se los estableció.
• Incompatibilidades: Se prohíbe a los Diputados aceptar, en forma paralela a su cargo parlamentario, empleos que estén bajo la dependencia del Ejecutivo, exceptuándose sólo los puestos de Ministros.
• Composición del Senado: Se modificó la composición del Senado, introduciéndose la votación directa por provincia.
• Facultades extraordinarias: Se limitó la facultad del Presidente para decretar Estados de excepción.
• Acusaciones ministeriales: Se hicieron más expeditos los trámites para hacer efectiva la responsabilidad ministerial.
• Las Prácticas Parlamentarias: fueron usos que adquieren legitimidad sobre la base de una simple aplicación reiterada. Ninguna ley las consagra, simplemente la costumbre. Mediante ellas, se va configurando con mucha antelación a 1891, un sistema de marcados rasgos parlamentarios.
• Interpelaciones y votos de censura. La ley encomendaba al parlamento un rol de fiscalización respecto la gestión del Poder Ejecutivo, y particularmente de las actuaciones de los ministros, como una forma de evitar la corrupción y de promover la eficiencia y la probidad. El Parlamento, para cumplir con esa tarea podía llamar a los miembros del gabinete a rendir cuenta sobre alguna actuación específica. El Parlamento fue descubriendo que la aplicación sistemática de las interpelaciones podía inhibir prácticamente el mandato de un gabinete. Cada interpelación constituía un verdadero juicio político, que exigía, en esa misma medida, preparar una buena defensa al afectado. Para poder presentar una defensa adecuada, se requería de mucha dedicación y tiempo. Este poder se incrementó de modo significativo al hacerse normal que el Parlamento comenzara a dar un veredicto final tras escuchar los descargos de la autoridad. En ninguna ley o reglamento se estipulaba esta facultad. Pero ocurrió que en un cierto momento los parlamentarios comenzaron a emitir votos de confianza o de respaldo a la gestión evaluada, o votos de censura, si consideraban que los argumentos de los ministros no satisfacían las demandas de los parlamentarios, ante lo cual comenzaron a aceptar que la pérdida de esta confianza se tradujera en su renuncia y en la caída consiguiente del gabinete entero, dando origen a lo que se conoció como la “Rotativa Ministerial”.

• Retardo en las Leyes Periódicas. Las mayorías parlamentarias descubrieron un nuevo y extraordinariamente eficiente medio de control y coerción sobre el Ejecutivo, en un vacío legal existente respecto de la forma y plazo para la aprobación de las llamadas “leyes periódicas” (cobro de contribuciones, ejército y presupuesto). En la normativa vigente no se establecía una fecha límite para que el Parlamento las aprobara. Por tanto, era posible, en teoría al menos, llegar al término de una legislatura ordinaria sin que se las hubiese despachado. El Parlamento fue descubriendo que la sola amenaza de no sancionar esas leyes con oportunidad bastaba para que cualquier administración se mostrara llana a aceptar cualquier cosa. Este instrumento le brindaba al Parlamento (a los partidos) una casi ilimitada capacidad de presión política.

• Obstrucción de minorías: No sólo las mayorías partidarias lograron configurar métodos para forzar al ejecutivo a comportarse a su voluntad, también lo hicieron las minorías. La inexistencia en el reglamento de la Cámara de la llamada “clausura de debate” hacía imposible llegar a la votación de un proyecto mientras hubiese alguien que quisiese hacer uso de la palabra. Grupos minoritarios de parlamentarios podían evitar la aprobación de una ley mediante la realización de verdaderas maratones de oratoria.

Relaciones Iglesia-Estado.

Los partidos políticos, no obstante la fuerte oposición que mantenían entre sí, se distinguían muy poco en aspectos políticos. Radicales, liberales de los distintos tipos, conservadores, demócratas e incluso nacionales, habían llegado a la convicción de que el Sistema Parlamentario era la alternativa más democrática y perfecta. El acuerdo en las cuestiones cruciales que afectaban a la vida social, surtió el efecto de transformar a los valores en la piedra angular de las diferencias políticas. Todo acabó girando en torno a la religión y en general, de las cuestiones llamadas “doctrinarias”. El grupo más antirreligioso planteaba razones de carácter político para ello. Pensaba que no bastaban las reformas políticas para que la democracia pudiera ser introducida en el país. También era necesario destruir las bases ideológicas en que se había sustentado el orden colonial. Para que el hombre pudiera ser dueño plenamente de sí mismo, era preciso liberarlo, no sólo de las cárceles exteriores que lo limitaban, sino también de las cadenas interiores, las antiguas esclavitudes culturales que lo oprimían de un modo subjetivo, pero no menos tangible. Para ellos, el principal freno al progreso era la Iglesia. Se le veía como el pilar en el que se sostenían todas las fuerzas reaccionarias. Este convencimiento motivó a la clase política a emprender un programa de reformas y a adoptar un conjunto de medidas, cuyo objetivo final era reducir a su mínima expresión la influencia de la Iglesia sobre la sociedad. Nada pudo frenar este impulso, que se comienza a sentir a mediados de la administración de José Joaquín Pérez, y cuyo último capítulo se vive en 1925, cuando se alcanza la separación plena entre la Iglesia y el Estado. Los católicos debieron organizarse para resistir la ofensiva antirreligiosa de sus adversarios liberales. Bajo la inspiración del arzobispo Rafael Valentín Valdivieso y de laicos comprometidos, como Abdón Cifuentes, proliferaron a lo largo de todo el territorio nacional organizaciones como las Sociedades de Amigos del País, que pretendían sacar a los feligreses de su pasividad tradicional y transformarlos en defensores activos de la fe, en todos los terrenos (cultura, economía y política). Se fundó la Pontificia Universidad Católica de Chile (1888) para poder formar profesionales cristianos, capaces de ejercer posiciones de liderazgo en la sociedad; y el partido conservador se transformó en un celoso defensor de los principios religiosos y de la Iglesia en la arena política.

Las cuestiones religiosas:

Durante el período de vigencia de la Fusión Liberal Conservadora, las relaciones entre la Iglesia y el Estado permanecieron en un nivel de baja confrontación. El espíritu conciliador del Presidente Pérez permitió superar las diferencias que se suscitaron luego de la crisis político-religiosa de 1857 (cuestión del sacristán). Altas dignidades eclesiásticas ocuparon puestos públicos. Un obispo, incluso, don Justo Donoso, fue designado en la Cartera de Justicia, Culto e Instrucción Pública, lo que representaba una clara señal de entendimiento y armonía. Con todo, no dejaron de plantearse algunos problemas de carácter religioso.

Libertad de conciencia (1865):

En el año 1865, algunos parlamentarios propiciaron el establecimiento de la libertad de cultos. El artículo 5º de la Constitución de 1833 establecía que: “el catolicismo era la religión oficial de la República de Chile, con exclusión del ejercicio público de cualquiera otra”. Sectores liberales reformistas postularon un cambio en ese artículo, que permitiera a los disidentes la práctica de su culto. La ley interpretativa de ese artículo fue impugnada por los conservadores, quienes, incluso, amenazaron con la ruptura de la coalición gobernante, no obstante ello, se aprobaron las modificaciones, autorizándose a los no católicos a practicar su culto dentro de recintos privados, y a mantener escuelas para la formación de sus hijos conforme a sus creencias religiosas.

Libertad de Enseñanza (1872):

El quiebre definitivo de la Fusión Liberal-Conservadora, se produjo a comienzos de la administración de Federico Errázuriz Zañartu, a propósito de la cuestión de la libertad de enseñanza. Una vez suscitado el primer conflicto, se plantearon en forma inmediata todos los demás, alentados directamente por el mismo Presidente que pretendía atraer, con su política antirreligiosa, a los radicales y a los sectores más progresistas al Gobierno. Desde que el Estado había tomado como misión preferentemente educar a los chilenos sobre bases más modernas, durante el período Conservador, había quedado en evidencia una importante contradicción entre sus objetivos y los de la Iglesia. Los liceos y la Universidad de Chile tuvieron una clara orientación laica y cientificista. Estos establecimientos, en particular el Instituto Nacional, pasaron a ejercer una tutela sobre todo el sistema educacional; escogieron los textos obligatorios; diseñaron los currículos y fiscalizaron su cumplimiento; impusieron profesores; restando, cada vez en mayor grado la libertad a los establecimientos privados, casi todos de la Iglesia.

Los sectores católicos miraron con recelo los progresos en la educación pública; máxime cuando el aparato estatal pasó a ser dominado por los liberales; y éstos, bajo la conducción de Diego Barros Arana, rector del Instituto Nacional, empezaron a extremar los esfuerzos por imponer en la educación un sesgo moderno y agnóstico. Estas contradicciones fueron tensionando la coalición; particularmente, por el hecho de que Barros Arana compartía posiciones de influencia en el área educacional con Abdón Cifuentes, entonces ministro del ramo, uno de los conservadores más acérrimos. Las disputas entre ambas autoridades condujeron al quiebre. En 1871, Barros Arana introdujo modificaciones en la enseñanza secundaria del país, cuyo sentido era otorgar mayor importancia a la formación científica. Estos cambios fueron resistidos por la Iglesia y los Conservadores, por considerar que la ciencia, en particular las ciencias naturales, contrariaban el dogma y menoscababan la moral pública. En enero de1872, el ministro Cifuentes replicó con la dictación de un decreto que liberaba a los colegios particulares pertenecientes a congregaciones religiosas de la fiscalización del Instituto Nacional y los facultaba para acomodar sus programas de estudio a las materias que ellos decidieran. Esa libertad anulaba la posibilidad de que un Estado laico, antirreligioso, tuviera injerencia en los colegios religiosos. Significaba también la guerra abierta entre ambas autoridades. El ministro decidió, además, exonerar del cargo a Barros Arana. Pero el Presidente tomó partido por Barros Arana y su política liberal; el decreto de Cifuentes fue derogado, lo que provocó la renuncia del ministro (1873) y la ruptura de la coalición.

Fuero Eclesiástico (1874):

La promulgación del Código Penal (1874), complementada al año siguiente con la promulgación de la ley Orgánica de Tribunales, fue otra fuente importante de conflicto, pues vino a poner fin al fuero que tenían los religiosos, el derecho a regirse por su propia ley a ser juzgados por sus propios tribunales. El problema que se había planteado durante la administración Montt, fue solucionado de un plumazo, con gran oposición de los sectores clericales.

Leyes Laicas: Cementerios laicos. 1883.

El Código Civil establecía que no podían ser sepultadas, ni en cementerios ni en iglesias, aquellas personas a quienes el derecho canónico excluía de esa posibilidad (no bautizados, apóstatas, excomulgados, personas que viven en situación de público escándalo). Un decreto de1871 estableció la obligación de mantener un local especial en los cementerios católicos destinado a la sepultación de los individuos a quienes el derecho canónico negaba la posibilidad de entierro religioso. Los cementerios que en adelante se crearan, estarían exentos de la jurisdicción eclesiástica. Pero finalmente fue en el Gobierno de Domingo Santa María (1883) que se aprobó la ley que estableció que los cementerios adquiridos con dinero del estado pasarían a ser administrados por él mismo (se les quitaron a la Iglesia) y que en ellos a nadie le sería negada la sepultura. Los católicos, entonces, resolvieron no sepultar a sus deudos en los cementerios estatales, sino hacerlo en los parroquiales, conforme a sus creencias; pero por disposición gubernamental, la policía impedía a los católicos ser sepultados en los cementerios de la Iglesia, incluso hubo casos de cadáveres que fueron desenterrados y trasladados al cementerio general sin conocimiento de sus deudos; esta macabra situación se conoce como “caza de los cadáveres”.

Matrimonio Civil y creación del Registro Civil. 1884:

Se planteó otro largo y enojoso conflicto a propósito de la cuestión de los matrimonios. Antes de la creación del Registro Civil (1884), la Iglesia se hacía cargo de llevar la cuenta de todos los actos de relevancia pública que involucran a la familia. En los libros parroquiales se consignaban los datos de nacimiento, matrimonio y defunción de todos los individuos. Una ley de 1844 permitía a los disidentes contraer matrimonio ante un cura, que no actuaba como sacerdote, sino en calidad de testigo de fe u oficial. Este matrimonio tenía, en consecuencia, valor legal. Pero no había ninguna solución para los católicos que renegaban de su credo.

Fue también en el gobierno de Santa María (1884), cuando se aprobó una ley que privó de sus efectos civiles al matrimonio eclesiástico y sólo el celebrado ante funcionarios del Estado tendría validez legal.

Registro Civil:

Para hacer operativa la ley anterior, se ordenó la creación del Registro Civil, ese mismo año.

Sucesión Arzobispal (1878-1884):

En 1878 se suscitó el más serio conflicto entre la Iglesia y el Estado, a raíz del fallecimiento del arzobispo Rafael Valentín Valdivieso. El Gobierno del Presidente Aníbal Pinto propuso reemplazar al prelado por el canónigo Francisco de Paula Taforó, de conocida filiación liberal. Pero este sacerdote era hijo natural, lo que constituía un impedimento canónico, y además era profundamente resistido por el clero y los feligreses. Debido a ello, el Papa León XIII rechazó la postulación del Gobierno y se mantuvo el desencuentro.

El nuevo presidente, Domingo Santa María, insistió en el nombramiento de Taforó. La Santa Sede aceptó revisar la situación y envió a Chile a un Delegado Apostólico, quien no apoyó la candidatura oficial. La réplica del Gobierno fue implacable. Se expulsó del territorio nacional al delegado papal, y en los años de 1883 y 1884 fueron aprobadas –como represalia- las leyes laicas. Sólo durante el Gobierno de Balmaceda, las relaciones tendieron a normalizarse. El Presidente buscó atraer a los sectores conservadores, luego de haber fracasado en su propósito de unificar a las fuerzas liberales en torno de su Gobierno. Se resolvió a buscar un acercamiento con la Santa Sede. En carta personal al Papa (1886), Balmaceda propuso para el cargo vacante a monseñor Mariano Casanova. Esta voluntad de acercamiento produjo finalmente la reconciliación.

CULTURA Y EDUCACIÓN.

Como consecuencia de la estabilidad política y el desarrollo económico, en este período se experimentó un progresivo avance educacional y cultural. Se estableció una serie de cambios en el sistema educacional, sintetizados de la siguiente forma:

Enseñanza Primaria (Básica)

En 1860 el gobierno de Manuel Montt dictó la ley orgánica de instrucción Primaria, que estableció algunas directrices del quehacer pedagógico, como la estructura de la carrera docente, la rectoría gubernamental del proceso y la gratuidad de la enseñanza, permitiendo un creciente desarrollo educacional y la formación de una importante elite de educadores, motivados por el aporte de José Abelardo Nuñez y la fundación del Instituto Pedagógico, bajo el alero de maestros de larga trayectoria y de nacionalidad alemana (Lenz, Hansen, Steffen, Johow, Schneider, etc).

Enseñanza Profesional o especializada:

Hubo un estimable interés por despertar el desarrollo de las actividades pedagógicas conducentes a la formación de una incipiente Enseñanza Técnico Profesional, acorde con la difusión que estimulaba la doctrina liberal, sobre las artes y las técnicas manuales. Se legisló sobre la materia y se fundaron Escuelas técnicas e Institutos Comerciales. Sin embargo su desarrollo no fue apreciable, ni cuantioso, comparativamente con otras ramas de la enseñanza.

Enseñanza Secundaria:

Este tipo de educación fue fuente de considerables transformaciones, ya que su difusión popular permitió el nacimiento de la clase media, que vio en la educación liceana la mejor nutriente de su interés de progreso y desarrollo sociocultural. Esta situación se vio notablemente influida por el acceso del historiador Diego Barros Arana a la rectoría del Instituto Nacional, con lo cual se da comienzo a la modernización de la enseñanza secundaria. Éste adecuó el sistema curricular del Instituto a las principales exigencias experimentadas en Europa, fue así como convirtió a esta institución en el paradigma de otros establecimientos educacionales, incorporó la enseñanza de asignaturas obligatorias tales como: Química, Botánica. Física, Zoología y Geografía Física; Como se hizo indispensable contar con textos complementarios se dotó al Instituto de una Biblioteca, órgano del cual hasta ese momento carecía. En 1879, inspirado por el pensamiento de otro insigne historiador, Miguel Luis Amunategui, se configuró el Consejo de Instrucción Pública con la finalidad de supervisar el comportamiento de los organismos educacionales públicos y privados.

Enseñanza Universitaria:

La educación superior nació en el país con una visión marcadamente académica, situación que tendió a superar en el período en estudio y adquirir un sustancial giro hacia el ambiente profesional. Durante el Gobierno de Balmaceda se crea la primera Universidad de carácter privado del país, la Pontificia Universidad Católica de Chile. El político conservador Abdón Cifuentes, fue el primer promotor de la idea, muy entusiasmado por el pensamiento del Papa León XIII, que estimulaba a los católicos europeos a fundar establecimientos educacionales que tuvieran la función de ser voceros de la perspectiva ideológica y moral del Cristianismo.

La Crisis Política: Guerra Civil de 1891:

Pocos episodios de nuestra Historia han concitado mayor interés de los historiadores y producido interpretaciones más diversas que éste. En lo principal, se pueden reconocer dos tipos de interpretaciones: la político-institucional de la escuela liberal, y la economicista, de la escuela marxista.

Tesis Político Institucional:

La historiografía tradicional ha explicado este acontecimiento como un enfrentamiento entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional, debido a una divergencia en sus apreciaciones sobre el régimen gubernativo establecido por la Constitución y por los temores de una intervención electoral de Balmaceda para dejar establecido un sucesor. En cuanto a lo primero, el Congreso sostenía la interpretación parlamentarista en virtud de la cual el Presidente debía nombrar sus ministros de acuerdo con las mayorías parlamentarias y removerlos cuando perdían tal respaldo. No aceptar dicha interpretación era, a su juicio, atentar en contra del régimen constitucional y asumir un poder dictatorial. El Presidente, por su parte, sostenía que nuestro sistema era el Presidencial y que sólo a él correspondían el gobierno y la administración del Estado. En consecuencia le correspondía elegir a sus ministros con libertad, sin que el Parlamento pudiera intervenir en un asunto administrativo, estimando que la tendencia invasora del Congreso era impropia de un verdadero sistema representativo. Sobre el punto de la intervención electoral, muy común en el siglo XIX, existían temores de que Balmaceda intentaba dejar en la Presidencia a Enrique S. Sanfuentes; la oposición a dicha candidatura se convertía entonces en una verdadera lucha por la libertad electoral. Las sospechas parecieron confirmarse cuando Sanfuentes asumió el Ministerio del Interior, aunque éste manifestó que no aceptaría la candidatura. La mayoría opositora del Congreso, aprobó entonces un “voto de censura” contra el gabinete, pero los Ministros, contra la costumbre, se negaron a renunciar siendo confirmados por el Presidente, lo que desató el conflicto. El Congreso se negó a aprobar las Leyes Periódicas de presupuestos y de las fuerzas armadas, lo que en la práctica le impedía gobernar, pero el Presidente se mantuvo firme en su postura. Balmaceda, en un acto inconstitucional, decretó la prórroga de los Presupuestos del año anterior. El Congreso, en otro acto inconstitucional, declaró depuesto al Presidente y designó al comandante de la marina Jorge Montt para ayudarle a "restablecer el régimen constitucional". Ante ello el Primer Mandatario procedió a asumir todo el poder necesario -dictatorial- para enfrentar la situación

Tesis Economicista:

La interpretación economicista sostiene en cambio que en el conflicto político institucional subyacen el antagonismo de poderosos intereses económicos, nacionales y extranjeros, que fueron desafiados por la política de Balmaceda. Según esta interpretación, la política económica y financiera que el Presidente pretendía desarrollar para modernizar el país, a través de un vasto plan de obras públicas que creara las bases del desarrollo industrial, lo que suponía una intervención activa del Estado en la economía. Creía que la administración del Estado debía hacerse con los impuestos ordinarios, destinando los provenientes del salitre a inversiones reproductivas para el desarrollo económico. Sin embargo, esta idea no era compartida por la oposición, que pensaba que el Estado debía ahorrar, reducir el circulante, frenar la inflación y volver al sistema de convertibilidad a fin de dar estabilidad a la Moneda. Respecto de la propiedad salitrera, Balmaceda consideraba que ésta no debía estar totalmente en manos de los ingleses y que capitalistas chilenos también debían tener participación. Sin embargo, esta postura nacionalista ponía en peligro los intereses del capital británico que, aliado con importantes sectores de la oligarquía criolla, conspiró y financió la guerra para derrocarlo.

Desarrollo del Conflicto:

Ante la no aprobación de las leyes periódicas, el Presidente Balmaceda dictó un decreto prorrogando los presupuestos del año anterior y asumiendo todo el poder necesario para enfrentar la crisis. El 7 de enero, la Escuadra Nacional al mando del Capitán de Navío (luego Almirante) Jorge Montt �lvarez se declaró a favor del Congreso y con los líderes de la oposición embarcados se dirigió al Norte donde tomó posesión de las provincias salitreras y constituyó en Iquique una Junta de Gobierno. El control de la zona salitrera les permitió contar con recursos para la preparación del ejército revolucionario. Durante el conflicto, el bando congresista logró el control de todo el norte del país, desde Tacna hasta Coquimbo, y formó una Junta de Gobierno que administró dichos territorios y la riqueza salitrera del país le permitió financiar sus operaciones y la formación de un ejército. Balmaceda en cambio mantuvo el control del centro y el sur del país, hasta el mes de agosto en que la guerra civil concluyó con las victorias congresistas en Concón y Placilla. El Presidente Balmaceda se asiló en la Embajada Argentina donde se suicidó el día en que expiraba su mandato. Con ello la interpretación parlamentarista se imponía sin contradicción por tres décadas.

Fuente: www.biografiadechile.cl