Se debía establecer un modelo económico que permitiera a Chile insertarse en el mercado internacional. Había que poner en marcha un sistema administrativo y educacional que modernizara al país; establecer una fuerza militar obediente del poder civil; y recomponer las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno. Todo esto, en el marco de no alterar las relaciones dentro de la estructura social.

La evolución demográfica y el orden territorial

Un incipiente censo de población de 1835 indicaba la existencia de un total de un millón 10 mil 336 habitantes en el país, que se distribuían principalmente entre las provincias de Santiago, Colchagua y Maule, Ñuble y Concepción.

El núcleo territorial en esta época se extendía por su parte septentrional desde Copiapó, y la frontera meridional estaba marcada por el río Biobío. Sin embargo, existía una clara disparidad entre estas vastas extensiones y el espacio efectivamente ocupado.

Con una población rural que se elevaba a casi el 80 por ciento y una densidad de 1,4 habitantes por km2, el país presentaba un aspecto de territorio no habitado, en amplias zonas del Valle Central y la Cordillera de la Costa. El habitante se distribuía al interior de las haciendas —que eran grandes extensiones de terreno—, con una reducida red caminera y una insuficiencia de puentes y puertos. Esto daba un marco casi exclusivamente estival al transporte de personas y mercaderías, amén de lo peligroso que resultaba internarse por caminos sin protección en contra de bandoleros.

Hasta mediados del siglo, las ciudades mantuvieron su carácter colonial en relación al plano, estructura interna y formas de sociabilidad entre sus habitantes. Los únicos edificios que sobresalían eran las monumentales iglesias dejadas por la administración hispana, a las que ahora se incorporaban algunos edificios públicos.

En el resto del territorio, los enclaves de Chiloé y Valdivia permanecían, en sus aisladas condiciones, con el comercio agrícola y maderero, basado en las tejuelas y tablas de alerce.

Sin embargo, a la continuidad de procesos que se manifestaban por doquier, también se abrían actividades que dinamizaban la ocupación territorial y el crecimiento de la población. En forma lenta, desde 1840 las nuevas actividades económicas impulsaron a sectores de la población a desplazarse en busca de mejores oportunidades. Este proceso tendió a acelerarse a partir de la década de los sesenta y terminaría a principios del siglo XX, con la actual configuración del territorio.

En el período 1830-1860 se conjugaron cuatro procesos que explicaron el nuevo ordenamiento territorial: la explotación minera, la exportación de trigo, la lenta inmigración y la colonización extranjera y, por último, las medidas estatales para el control de rutas estratégicas.

La organización institucional

Cuando en 1831 los grupos conservadores se afianzaron en el poder, requerían solucionar los emergentes problemas que acarreaba la formación de la incipiente República. Se debía restablecer el orden público, severamente amenazado por caudillos militares y montoneras que eran un resabio de las luchas independentistas. Era urgente imponer una forma constitucional que regulara las relaciones entre los poderes y afianzara la soberanía popular.

Por último, había que impulsar la organización estatal en lo concerniente a la economía, la educación y la puesta en marcha de una institucionalidad administrativa que devolviera el sentido de autoridad y disciplina, principios que parecían fundamentales para los triunfadores de Lircay.

El primer paso fue llamar a retiro a oficiales y tropas involucradas en actos de indisciplina o que hubieran sido partidarios de los jefes liberales. Simultáneamente se crearon las Guardias Cívicas, una suerte de milicias encargadas de imponer la autoridad gubernamental y sofocar la insubordinación de militares y sectores populares.

La puesta en vigencia de la Constitución de 1833 fue la pieza maestra con la cual se impuso el orden conservador en estos treinta años. El texto establecía un claro predominio del Ejecutivo sobre el Legislativo, otorgando al Presidente de la República una amplia gama de atribuciones legislativas, administrativas, militares y económicas. En la práctica, lo anterior convertía al mandatario en una suerte de soberano sin corona.

La eficacia relativa de este sistema político se fundaba en la posibilidad del Presidente de intervenir en los actos electorales y de estar dotado de un conjunto de facultades extraordinarias, que le permitieron restringir los derechos ciudadanos cada vez que la oposición parecía poner en riesgo la supremacía conservadora. Por último, la soberanía popular quedó restringida por el voto censitario, y la participación política quedó radicada en los grupos oligárquicos de carácter urbano.

El establecimiento de un sistema de educación estatal fue preocupación prioritaria del período conservador. Al impulso dado al Instituto Nacional, le siguió la formación de escuelas y liceos en las principales ciudades del país. La creación de escuelas para preceptores y la implementación de nuevos contenidos, indicaban la voluntad de la época de salir del llamado oscurantismo español. Dicha expresión contenía una crítica a la absorbente formación religiosa recibida por las generaciones que ahora dirigían el gobierno.

Este proceso tuvo su punto más alto con la creación de la Universidad de Chile en 1842, institución que se convertiría en el centro neurálgico del desarrollo científico y cultural del siglo XIX. La llegada de una legión de profesores de las más distintas especialidades y nacionalidades, estableció las bases de la educación moderna y de carácter liberal, preparando a las primeras generaciones de profesionales del país.

En el plano del ordenamiento legal, destacaron la promulgación de reglamentos de comercio, cabotaje y criminalidad. La culminación de estas reformas legislativas, que buscaban reemplazar el derecho hispano, se alcanzó con la dictación del Código Civil en 1855.

Los primeros pasos de la economía independiente

El proceso económico de este período se caracterizó por el contrapunto que representaron las ideas y tendencias al cambio, en oposición al mantenimiento de las modalidades económicas mercantilistas y proteccionistas que habían marcado la producción y el comercio durante la Colonia.

La escasez de circulante dificultó la demanda y el comercio interior de productos manufacturados. La falta de una mano de obra calificada fue un obstáculo que demoró, casi en una generación, que se incorporaran tecnologías y modernas formas de pago, dinero y de administración contable. La modernización de la Hacienda pública fue la primera tarea a la que se abocó el nuevo gobierno.

El Estado asumió un doble papel en su gestión económica. Por una parte, mantuvo el carácter monopólico de algunas actividades a través del estanco, la regulación estricta de aduanas y formas de tributación. Y por otro lado, fomentó la apertura de nuevos giros de comercio y producción, entre ellas se vieron particularmente favorecidas la minería y la pesca.

La Revolución Industrial inglesa y la incorporación de nuevos territorios en Norteamérica y Oceanía, fueron procesos decisivos para iniciar la inserción de nuestra economía de periferia a los circuitos económicos capitalistas transoceánicos.

En el Norte Chico, los ciclos de explotación minera que se abrieron con el descubrimiento de las amplias vetas de plata de Chañarcillo en la provincia de Copiapó; posteriormente, el cobre del cerro Tamaya en el distrito de Ovalle; y la lenta penetración en el borde costero de Atacama en busca del demandado fertilizante guano, iniciaron la ampliación de fronteras interiores y la modificación del ecúmene colonial.

En el sector minero, los minerales cuya explotación tuvo mayor crecimiento fueron la plata, el cobre y el carbón. La etapa de la minería de la plata se inició con los hallazgos de Chañarcillo en 1832 y culminó con Caracoles en 1870. La ciudad de Copiapó se convirtió en un centro de fundición e incorporación de adelantos tecnológicos, siendo el de mayor impacto el ferrocarril. En 1849 se inició la construcción de la primera línea entre Caldera y Copiapó.

En la misma zona, la minería del cobre que se había iniciado a finales del siglo XVIII esperaba su momento, el que llegó por la demanda inglesa. El descubrimiento de las vetas de Tamaya, Vallenar, Chañaral, Paposo y La Ligua en el período 1840-1860, cimentó las bases de una actividad que fue en general más estable que la minería de la plata. La incorporación del horno de reverbero, la asociación con casas comerciales inglesas y el ferrocarril, fueron impulsos notables para esta actividad.

En el Sur, en la Península de Arauco se inició la extracción en gran escala del carbón, tanto para la exportación al Perú como para el consumo interno.

La riqueza generada por estas actividades significó la consolidación de una burguesía minera. Esta abrazaría ideas liberales y regionalistas con las que hacia mediados de siglo pondría en jaque al régimen autoritario de dominio conservador.

Por otra parte, las ganancias fueron invertidas en parte en compras de tierras en la Zona Central y en actividades bancarias y comerciales, con las que se modernizó significativamente la economía del país.

En la Zona Central, la demanda por trigo desde los mercados de California y Australia dio paso al despeje de árboles y matorrales que permanecían en el Llano Central y en los valles interiores de la Cordillera de la Costa. La agricultura vivió su época de auge en estos años, al abrirse en 1848 poderes compradores para exportar trigo a California; posteriormente, la fiebre del oro desencadenada en Australia hizo que se repitiera este ciclo comercial. Para finales de la década del cincuenta, cuando ya estaba cerrado el mercado exterior del trigo, la agricultura vivió una larga etapa recesiva que se enfrentaría con la creación, en 1856, de la Caja de Crédito Hipotecario.

Casi al finalizar este período, se puso en marcha la colonización de los alrededores de Valdivia y Osorno. Por el extremo austral, la fundación de Punta Arenas en 1849 marcó el inicio del control efectivo del Estrecho de Magallanes.

Las relaciones internacionales

Otro de los objetivos de los dirigentes nacionales durante el período de la Formación del Estado Republicano, fue buscar el reconocimiento de la comunidad internacional. Al temprano inicio de contactos con los Estados Unidos, le siguieron los que se hicieron con Francia e Inglaterra y la mayor parte de las nacientes repúblicas americanas.

En el campo internacional, los procesos de mayor dificultad se vivieron con la Santa Sede, que solo aceptó reconocer la Independencia de Chile en 1840 y con reparos, debido al mantenimiento del ejercicio del Patronato, al que se reemplazó por la figura protocolar de la súplica filial. En tanto, España solo reconoció la Independencia en 1844.

El momento de mayor tensión internacional del período se produjo entre los años 1836 y

1839 durante el desarrollo de la guerra contra la Confederación Perú- Boliviana, cuyo resultado permitió a Chile establecer un predominio en el tráfico comercial en las aguas del Pacífico Sur.

El fin de una época

Tras treinta años de dominio del conservadurismo autoritario y cuando se habían alcanzado los ideales del ya lejano Lircay, las nuevas generaciones empezaban a preparar el fin de una época política. Las primeras manifestaciones se dieron en la prensa —que crecientemente expresaba el anhelo de los postulados liberales—. Con la creación del Club de la Reforma y la Sociedad de la Igualdad estas ideas iniciaron su realización, con un frustrado estallido en las intentonas revolucionarias y regionalistas de 1851 y 1859.

Paradójicamente, el poderoso edificio político construido por los conservadores se agrietó desde el interior al distanciarse el sector autoritario del clerical, como insospechado resultado de la llamada cuestión del sacristán.

La consecuencia inmediata fue el surgimiento del Partido Nacional y la formación de la extraña coalición liberal conservadora, que terminaría dominando el proceso de transición que llevó a los liberales al poder en 1861.